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Por: Marcela Gimeno


Desde el gobierno pareciera mezclarse la necesidad de simplificar información para agilizar trámites, con cruzarla entre los diferentes organismos de contralor. Si bien es importante la interacción con el Estado, es primordial que los controles no sean vulnerables entre s. Los organismos de contralor del sector agroalimentario cuentan con registros de información conformes a sus funciones y misiones. No debieran cruzarse sin una causa legalmente justificada, ni invadir jurisdicciones.

Desde que las palabras control de precios afectaron en el mercado local a la carne primero y al resto de los productos después, desde el Gobierno parecieran no medirse los costos que involucran los procesos productivos para la inocuidad y calidad de un alimento y, que son necesarios para asegurar un producto que llega al consumidor.

La seguridad de un alimento tiene costos que no se ven a simple vista, y que pagan productores, industriales, distribuidores y supermercadistas. Indefectiblemente, al imponer precios tope, las políticas de precios no solo complican los costos de sanidad y calidad, sino también la estandarización de un producto. En las empresas ms serias se decidió para no aumentar los precios, reducir el tamaño de cada unidad. Por ejemplo, en muchos casos unidades de 500 gramos pasaron a pesar 300 gramos, lo cual significa que para sostener precios se obliga a las empresas a usar medios poco serios para solapar la realidad inflacionaria.

Frente a la inflación disfrazada al consumidor por los números del INDEC, cae de maduro que el incremento no afecta solo al consumidor final, sino a toda la cadena de valor. En este contexto, a las improvisadas políticas de precios se suman otras que afectan los sistemas de información.

Los errores conceptuales desde el gobierno que se cometen en pos de la recaudación fiscal, apuntan a vulnerar los registros de diferentes organismos públicos vinculados al control de alimentos y que debiera ser resguardado.

Cuando desde los sectores productivos se le pide al Estado simplificar trámites, no significa cruzar información que tiene un marco legal de confidencialidad, según el organismo de contralor que corresponda.

En agro insumos y alimentos hay dos grandes cuerpos gubernamentales que regulan y controlan distintos aspectos y para ellos fueron creados: la Secretaria de Agricultura (SAGPyA) y el Ministerio de Salud.

Cada unos de ellos tiene organismos descentralizados con definidas funciones y misiones. Por ejemplo, de la SAGPyA, dependen el SENASA, la ONCCA, el INTA, el INV, el INIDEP y el INASE; y del Ministerio de Salud, el ANMAT (donde hoy funciona el ex INAL), entre otros organismos que no competen del sector agroalimentario. Cada uno de ellos tiene bases de datos con registros de información relacionada a sus funciones y misiones de contralor. No deben cruzarse sin una causa legalmente justificada.

Las vacunaciones contra la aftosa, los datos de registros de exportación de cereales para trigo y maíz, la subvenciones para uso de maíz en feed-lots y las subvenciones recientes para tamberos últimamente registrados, son recursos de información que están siendo usados para fines ajenos a las realidades de sus propias producciones.

A esta situación se suman desde los propios organismos varios proyectos perpetrados entre desarrolladores de sistemas que buscan negocios con el Estado y funcionarios que compran proyectos tecnológicos, que en muchos de los casos no contemplan ni respetan la finalidad de las bases de datos armadas con fines determinados, desde esas instituciones. Tal es el caso ya difundido sobre el llamado Código de Trazabilidad de Granos (CTG) que solo apunta al seguimiento tributario que la AFIP hace del producto grano, pero no tiene ninguna competencia sobre su inocuidad, ni su calidad, para lo que si se utiliza la trazabilidad en general; y donde no es competencia de la AFIP ese contralor.

Las tecnologías disponibles en el mundo facilitan que, conforme a las características de las diferentes producciones y a las distintas etapas de elaboración de un alimento, se mantenga una identificación codificada del producto que permite su rastreo con un objetivo sanitario y de calidad, lejos de las cuestiones impositivas.

En pases como Brasil y EEUU, los productores que generan alimentos en cantidad y a bajo precio, son estimulados por las políticas de sus gobiernos para que con su producción creen empleo y produzcan ms y mejor. No son perseguidos y en todo caso, estimulados impositivamente; porque la evasión no es un negocio para el sector productivo real, como si lo es para los traficantes o para quienes funcionan fuera de la ley.