Por: Asociación de Productores de Leche.
La lechería argentina se encuentra transitando por una aguda crisis que es necesario definir:
Las causas que podemos señalar son:
1. Los errores y torpezas cometidos por el Gobierno Nacional cuyas consecuencias más importantes son:
•Vaciamiento económico del sector lechero: El Gobierno se apoderó de los recursos del sector y deprimió sus ingresos con retenciones que llegaron a superar el 50 %, impidiéndole contar con las reservas necesarias para afrontar la crisis actual con recursos propios.
•Distorsiones en los mercados mediante interferencias, presiones y prohibiciones, de dudosa legalidad, generando: a) dificultades para exportar con pérdida de mercados provocando una sobreoferta en el mercado interno que deprimió los precios al productor. b) Baja participación del productor en el precio final de los lácteos.
•Excesiva participación del sector público en los precios finales al consumidor, alrededor del 30 %, con una apropiación exorbitante de los márgenes de la cadena a través de impuestos regresivos y distorsivos como los del consumo, Ingreso Bruto o el llamado impuesto al cheque.
2. La caída de los precios internacionales que prefiguran un techo a los precios internos.
3. Las consecuencias de una sequía grave y generalizada con falta de recursos forrajeros y un encarecimiento importante de los costos de alimentación.
4. Desfasaje entre el cobro de la leche, con plazos que rondan entre los 60-70 días, y los pagos de insumos, especialmente de algunos alimentos que son anticipados o al contado.
Las consecuencias han sido:
1.. Económicas: Iliquidez, pérdida del capital de trabajo y descapitalización.
Costos superiores al precio recibido por el productor que llevan a una situación de quebranto y liquidación de tambos.
2.. Financieras: Imposibilidad de comprar los insumos necesarios para producir, principalmente los alimentos para las vacas en condiciones de sequía.
Los remedios necesarios:
Es por ello que el sector pidió al P.E.N. con carácter de urgencia, medidas para salvar a los tambos de la actual crisis, a la par de fijar políticas serias y coherentes.
En ese sentido reclamamos:
•Aumentar la compensación actual hasta no menos de $0.50/l y hacerlo extensivo a toda la producción hasta que las condiciones adversas se reviertan.
•Eliminar todas las interferencias en los mercados, como precios acordados, permisos de exportación y stocks de intervención que generan sobreofertas.
Interferencias que no hacen más que inducir cárteles por parte de la industria o generar transferencias espurias hacia algunos sectores de la cadena.
•Promocionar la exportación de lácteos aumentando los reintegros y otras medidas complementarias. Coordinar entre los actores privados la salida fluida de excedentes.
•Otorgar un crédito a las empresas lácteas que les permita saldar a sus tamberos remitentes toda la leche adeudada, como así también abonar semanalmente las próximas entregas de leche cruda.
•Habilitar créditos a los productores acordes con la situación critica de la producción, con bajas tasas de interés y dos años de gracia, para poder hacer frente a las deudas y los gastos, principalmente la comida de las vacas.
•Asistir eficazmente a los sectores de menores recursos, de cara a la aguda crisis que se vive, sin clientelismos ni demagogias.
•Disminuir la carga impositiva excesiva en los productos lácteos.
Proyectos de Ley:
Pero es importante insistir que la crisis del sector, que no tolera distracciones, no se debe a falta de leyes sino al desmanejo de este gobierno en los últimos años con políticas y medidas que, incomprensiblemente acompañadas por algunos sectores de la producción, se han demostrado irracionales al lograr objetivos opuestos a los pretendidos, frenando la oferta y disminuyendo la participación del productor en el precio final de los lácteos.
No se necesitan más intervenciones rayanas en la ilegalidad, ni castigar al sector agropecuario con retenciones, sino permitir que el mercado opere y se exprese libremente. Que las correctas señales de precios orienten al productor en sus decisiones y que el sector pueda acumular en los momentos de bonanza para poder hacer frente a los de "vacas flacas" con recursos propios, sin depender de dádivas condicionadas como ocurre actualmente, que no son más que una mezquina devolución de confiscaciones previas. El sector no puede subsidiar al consumidor como se pretende sino que tiene que haber ayudas directas a los sectores de menores ingresos, que no sean vergonzantes ni clientelistas.
El resultado es inédito en el mundo. Un país con potencial productivo que desde hace 10 años permanece estancado en su producción de leche.
No hacen falta nuevas leyes que aseguren el normal abastecimiento de lácteos cuando se sabe que la Argentina es un país exportador de ellos desde hace muchos años, produciendo excedentes sobre los niveles de consumo interno.
No hacen falta nuevas leyes que signifiquen una nueva gabela al productor con la creación de fondos a su cargo. Hacen falta estímulos y bajar el "costo argentino" para darle más competitividad a la lechería argentina frente a las distorsiones originadas en países centrales y políticas acertadas de países competidores.
No hacen falta nuevas leyes que agreguen nuevas interferencias a las exportaciones.
Hacen falta estímulos a las mismas con aumentos de los reintegros y otras medidas complementarias.
No hacen falta nuevas leyes que signifiquen auto financiamiento, sino nuevos créditos con tasas adecuadas en vez de dárselos a multinacionales en problemas.
No hacen falta nuevas leyes que procuren información sectorial al tiempo que se toma por asalto al INDEC para distorsionarla o se desmantela la que hasta hace poco generaba la Secretaría de Agricultura.
No hacen falta nuevas leyes para pedirle a las provincias que registren a los tambos y las empresas lácteas, que generen información y hagan cumplir las normas sanitarias o bromatológicas.
No hacen falta nuevas leyes para combatir a la informalidad ni los desvíos a la competencia.
No hacen falta nuevas leyes para desarrollar planes estratégicos.
No hacen falta nuevas leyes que establezcan sistemas de fijación de precios de imposible aplicación o en el mejor de los casos con resultados contrarios a los buscados.
No hacen falta nuevas leyes que establezcan nuevas burocracias para monitorear la marcha de un sector cuando la actividad privada lo puede hacer con ventaja si los organismos públicos cumplieran con su obligación de recabar información fidedigna.
No hacen falta nuevas leyes sino volver al Estado de Derecho, abandonando prácticas ilegítimas con acuerdos, amenazas, presiones, ridículos intervencionismos y cárteles inducidos.
Lo que hace falta son medidas y programas que aseguren una mayor competitividad a la lechería, bajando la carga impositiva, en particular el de impuestos regresivos al consumo, aplicando desgravaciones impositivas al uso de fertilizantes o los alquileres por ejemplo, estimulando la exportación e invirtiendo en investigación y desarrollo e infraestructura.
Para concluir:
No creemos que sancionar una nueva ley sin la maduración y los consensos necesarios resulte positivo, ya que no es probable que llegue a solucionar los problemas actuales más agudos y que en cambio pueda servir para generar algunos en el futuro como una larga experiencia lo demuestra.
La mejor Ley de Lechería para APL es la Constitución Argentina, cuya efectiva vigencia la protegería ya que es una actividad lícita ejercida, a Dios gracias, por productores chicos, medianos o grandes indistintamente. Esta pluralidad de situaciones y características empresariales y productivas enriquecen las posibilidades del país, tan maltrechas y disminuidas por interferencias arbitrarias y políticas negativas, facilitadas por delegación de facultades del Congreso que colocan el honor y la fortuna de los argentinos a la arbitrariedad de algunos funcionarios.
Debemos pensar que no son las interferencias las que logran que la Sociedad Civil funcione mejor, sino la preafirmación habitual y el correcto funcionamiento del modelo constitucional, que permite que la organización del poder y la vigencia plena del Estado de Derecho posibiliten el éxito de la sociedad en el ejercicio legítimo de su derecho a la prosperidad.
Creemos que la inquietud de los Sres. Diputados, representantes de los pueblos de las Provincias, debe estar orientada a establecer consensos sobre reglas de juego y garantías suficientes para generar confianza, que coloquen a los emprendedores y a todos los habitantes que participan en actividades lícitas, en nuestro caso la lechería, a resguardo de dichas interferencias e intervenciones caprichosas innecesarias que surgen muchas veces de la imaginación, las preferencias, los prejuicios o la falta de correcta información. Solo así se podrá cumplir con el objetivo constitucional de promover el bienestar general o en otras palabras la justicia social.
